El pasado 12 de diciembre entró en vigor la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la  Ley 21/2013.

En esta legislación se ha intentando simplificar el proceso y la legislación relativa, lo que ha provocado que distintas leyes, hasta ahora vigentes, hayan sido derogadas. Veamos cuáles han sido los cambios más significativos:

  • Como hemos dicho, se han fusionado dos leyes, la 9/2006 de Planes y Programas y el Real Decreto Legislativo 1/2008 de Proyectos, es decir, se aúna en un sólo texto las Evaluaciones de Impacto Ambiental y las Evaluación Ambientales Estratégicas.
  • Se han seleccionado una serie de plazos máximos en los cuales el Órgano Ambiental tendrá que dictaminar la Declaración desde que recibe el Estudio completo: 21 meses para una EAE ordinaria, 3 meses para EIA simplificada y 4 meses tanto para una EAE simplificada como para las EIA ordinarias.
  • Por otra parte, se regula un nuevo tiempo de vigencia de las Declaraciones Ambientales que son de 2 años para las Evaluaciones Ambientales Estratégicas y de 4 años para las de Impacto Ambiental de proyectos.
  • El proceso por el que se enviaba un documento a la administración para que determinase el alcance del EIA, se hace voluntario en el caso de las EIAs ordinarias. Es decir, en este caso no tiene por qué solicitarse el Documento de Alcance (que también tiene un plazo máximo para su elaboración por el Órgano Ambiental que es de 3 meses).
  • Uno de los elementos más novedosos en esta nueva Ley es la creación de los “Bancos de conservación”. A través de estos mecanismo, que tienen un carácter voluntario, se permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de valores naturales que se producirán por la puesta en marcha del proyecto.

Estas son algunas de las nuevas medidas más importantes que se han introducido. Sin embargo, hay otras como la introducción del fracking dentro del Anexo I (y, por tanto, un proceso sometido a Evaluación Ambiental Ordinaria); la toma en consideración del cambio climático que el Órgano Ambiental tendrá que tener en cuenta en su análisis técnico del expediente; que los equipos técnicos que lo hagan sean profesionales;  o una modificación en lo relativo a los trasvases intercuencas (particularmente en lo relativo al Tajo-Segura, para adaptarlo a la legislación estatal).

En definitiva, se han introducido una serie de cambios que hacen que los promotores tengan más seguridad jurídica, se ha simplificado el proceso y se han introducido nuevos elementos en los Anexos. Sin embargo, también se abre paso a cierta mercantilización de la biodiversidad, al introducir los bancos de conservación.